NUEVA LEY RESORTE Y SU CONTROL A LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN VENEZUELA

Honegger Molina*

RESUMEN

Estudio basado en la revisión crítica y el análisis comparativo de la nueva Ley resorte que nace con la bandera gubernamental de la “inclusión social” de los

medios de comunicación electrónicos en Venezuela. En tal sentido nos hemos trazado cuatro objetivos: primero, revisión de los fines que persigue la nueva Ley con relación a Internet para comprender que se entiende desde el Gobierno por protección de la vulnerabilidad infantil y democratización de Internet; segundo, análisis de las consecuencias para la libertad de expresión, los derechos humanos y el debate del pluralismo de las ideas en un Estado controlador de los espacios comunicacionales; tercero, revisión de los objetivos de la Ley Resorte para ver su compromiso y apuesta por y con la democracia y la responsabilidad social en el País; cuarto, estudio de los artículos con prohibiciones, sanciones, suspensiones y amenazas de las revocatorias de concesiones legales.

Palabras clave: Ley-Resorte, medios-electrónicos, censura, sanción, propaganda, responsabilidad, social, libertad, Internet, censura.

Introducción

Primeramente recordemos que estamos ante una Ley aprobada el año 2005, y cuya actual reforma fue propuesta el 30 de noviembre del 2010 por la Vicepresidencia de la República. Después fue revisada por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional antes de ser presentada para la “discusión” en la Asamblea Nacional (14 de diciembre), donde resultó aprobada por la mayoría de los diputados oficialistas y, posteriormente, publicada bajo el Nº 39.579 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha, 22 de diciembre del 2010. Ley dirigida, esencialmente, a incluir a los medios electrónicos dentro de las regulaciones del Ejecutivo sobre el ámbito de responsabilidad social de los medios de comunicación en Venezuela.

Teoría y Método

La teoría seleccionada es la del Análisis del Discurso según Teun A. Van Dijk desde las bases para el análisis del discurso social, sociopolítico y crítico. Según van Dijk en todos los niveles del discurso podemos encontrar las huellas del contexto en donde las características sociales de los participantes juegan un rol fundamental (l992). Acudimos al análisis del discurso social y el análisis crítico del discurso. En esta primera dimensión encontramos el Análisis del Discurso relacionado con las nociones de cultura, sociedad y el derecho que para van Dijk, es justamente el ámbito donde debieran culminar los estudios de Análisis del Discurso. El abuso del poder político puede involucrar a la manipulación como tipo o función de una comunicación discursiva que cualquier oposición política puede de igual forma realizar. Y en segundo lugar, el análisis crítico del discurso que asume una posición cuestionadora de la realidad circundante, principalmente cuando se trata de cómo los discursos orales y escritos reproducen el abuso de poder, la dominación o la desigualdad social. En tal sentido la metodología consistió en la lectura y el análisis comparativo de los textos de la Ley Resorte. Se revisaron todos los elementos de focalización que pudiesen estar presentes en los textos, vale decir, formativo, informativo, propagandístico, sistemático, jurídico, comunicacional, social y crítico. Se observaron los énfasis, los tópicos más acentuados. El abordaje de las problemáticas, los lenguajes y su técnica discursiva. Las técnicas argumentativas y, todavía más, lo analítico. Finalmente, se estudiaron las estrategias y las formas de persuasión y de raciocinio comprometidas en la Lay, junto a los propósitos donde resalta lo político-ideológico, y las técnicas discursivas de un discurso que aspira ofrecer una focalización sistemático-hegemónica con perdurabilidad histórica.

Gobierno venezolano en conflicto con Internet

El anuncio de la promulgación de la nueva Ley lo formuló el propio Presidente en su cuenta Twitter, @chavezcandanga, “Hola ¡Candangueros madrugadores! Les informo que ahora mismo estoy firmando la promulgación de la nueva Ley Resorte. ¿Qué tal?”.[i] Reforma que nace con el propósito gubernamental de restringir la incitación al delito, la violencia y el odio a través de Internet, para proteger así “la integridad de la población más vulnerable, los adolescentes y niños”, declaró a la prensa el diputado Manuel Villaba,[ii] presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del Parlamento y vocero oficial del Estado-Gobierno. En concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley Resorte garantiza la libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos y la comunicación libre y plural, sin censura previa, sin embargo, establece la responsabilidad ulterior (Artículo 2). En consecuencia, quienes utilicen los medios electrónicos para incitar a la violencia, los delitos sexuales o cualesquiera otros abusos, incurren en violación legal y serán sujetos de restricciones y de las acciones penales correspondientes (Artículos, 7, 9 y 29). Para Villalba, “Hay personas en el mundo de la Internet que han tomado esta tecnología como una forma de dar rienda suelta a bajos instintos y por supuesto tiene que existir un Estado que proteja a la ciudadanía en general… Venezuela es un país reconocido mundialmente como uno de los de mayor avance en Internet con políticas dirigidas a la democratización de Internet”.[iii]

Lo llamativo, contradictorio y cuestionable de la Ley es que la palabra “Internet” no salga mencionado ni en una sola oportunidad, pese a la insistencia del propio Gobierno en justificar la modificación por los “males” y “peligros” de Internet, aunque en su lugar se hable de “medios electrónicos” en once (11) veces. Ahora bien, Internet, fue retirada abruptamente del Proyecto de la reforma de la Ley sin una explicación por ningún lado. Aquella primera propuesta en su, Artículo Primero, decía, textualmente: “…proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos…”, para quedar en su Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley, expuesto -finalmente- de la siguiente manera: “Esta ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos (…).” (Artículo 1). Semejante tergiversación deja espacio para pensar que el Gobierno desconoce que “Internet”, significa: interconneted networks, es decir: redes interconectadas que permiten la participación abierta de los individuos en los procesos de discusión e intercambio de información sobre temas de su interés. Su alcance es global y permite que los individuos se informen y comuniquen instantáneamente sin límites geográficos y sin distinciones por razón de raza, sexo, religión u origen social. La neutralidad es una de las principales características de la Web y de allí viene su diferenciación con el espectro radioeléctrico venezolano, por eso, resulta un sin sentido y un desconocimiento del mismo, al pretender aplicar la Ley Resorte para Internet, bajo el apelativo de “medio electrónico”, como aparece en su primer artículo. Y el artículo 27 conmina a los proveedores de medios electrónicos a que establezcan  mecanismos que (…) permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo (…), y, también, los responsabiliza por la información y contenidos prohibidos a que hace referencia el mismo artículo.

Por otra parte, una regulación a dichos contenidos limita el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y afecta seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una Venezuela que se constituye en: Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Pretender regular Internet obliga a la censura previa, aspecto que se encuentra prohibido en la CRBV y en los tratados internacionales. La aplicación de cualquier restricción en el conjunto de los contenidos que circulan en Internet, implica la supresión de otros contenidos que pueden estar en subdominios que ofrecen alojamiento de sitios Web. Así para suprimir el contenido de un grupo en una red social, como Facebook, se requiere imposibilitar el acceso de todo el contenido que circula allí. De hecho, ya la empresa estatal ha realizado bloqueos generales de sitios alojados en WordPress y en Blogspots, en los contextos electorales del año 2010. Es sabido por todos, la información que circula por la Web no tiene porque obedecer a los dictámenes de los gobiernos locales; es libre, autónoma, deliberativa y constituye un verdadero poder para las multitudes. Especialmente, para los jóvenes, estudiantes, académicos y profesionales emprendedores. Internet, más que un derecho, es una facultad inherente a su espíritu. Allí la gente tiene libertad de elección para producir y consumir contenidos.[iv]

Revisión de los Objetivos de la Ley Resorte

En lo que respecta a sus objetivos generales observamos que conserva los mismos de la anterior Ley, promulgada, el 12 de diciembre de 2055 (Gaceta Oficial Nº 38.33), donde se refiere, en primer lugar, a las garantías que las familias y las personas deben tener para “desarrollar en forma adecuada el rol y la responsabilidad social que les corresponde como usuarios y usuarias en colaboración con los prestadores de servicios de divulgación y con el Estado”. Nos pregustamos ¿Qué se entiende por “responsabilidad social” en este nuevo contexto legal? y ¿De qué manera se puede lograr una efectiva articulación entre las familias y los prestadores de servicios para lograr tal fin? ¿Será este un objetivo que responde a la nueva Ley? Responsabilidad Social aparece de principio a fin pero sin mayores aportaciones ni explicitaciones para el contenido de la Ley. Vemos que lo “social” se presenta en 57 oportunidades relacionado con: justicia, desarrollo, seguridad, Estado, conciencia, condición, proceso, labor, comunicación y hecho social. Y, por otra parte, la palabra “responsabilidad”, sola o acompañada con lo “social”, se muestra en 41 oportunidades. De este objetivo lo único que nos queda claro es que se ha pretendido mover “jurídicamente a las familias” a vivir una supuesta “realidad” socio-comunicacional que luce incomprensible e irrealizable. Desde luego que la matriz temática sobre el aspecto “social”, que aparece en el primer objetivo, permea la Ley. ¿Estaremos ante una Ley que  complace a quienes juegan a la construcción del socialismo venezolano? Por otra parte, llama la atención que la palabra “democracia” solo aparece en una (1) oportunidad y democratización en seis (6), mientras que “sanción-sanciones” treinta y ocho (38) veces.

Repasamos los otros objetivos para calibrar su adecuación al nuevo texto legal. Y tenemos que el segundo busca “garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad (…)”. Nos parece que este objetivo es innecesario porque la libertad de expresión es una de las conquistas de la democracia moderna y, por consiguiente, está legitimada en la Constitución Nacional.

El tercer objetivo apunta a:  “(…) promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Mientras que cuarto objetivo: “ (…) procura la difusión de información y materiales dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que sean de interés social y cultural, encaminados al desarrollo progresivo y pleno de su personalidad, aptitudes y capacidad mental y física, el respeto a los derechos humanos, a sus padres, a su identidad cultural, a la de las civilizaciones distintas a las suyas, a asumir una vida responsable en libertad, y a formar de manera adecuada conciencia de comprensión humana y social, paz, tolerancia(…)” Nuestro estudio reveló exceso de propaganda en VTV y TVES, donde se propone el socialismo como modelo político de sociedad y donde se discrimina a los que disienten con respecto a ese modelo de país.

El quinto objetivo da cuenta de la promoción y difusión de producciones nacionales independientes y del fomento del desarrollo de la industria audiovisual nacional, mientras que el sexto invita al equilibrio entre los deberes, derechos e intereses de las personas, de los prestadores de servicios de divulgación y sus relacionados. Y, el séptimo objetivo, propone la difusión de valores culturales venezolanos en todos sus ámbitos y expresiones.

Artículo 6, y los elementos clasificados

La propuesta que envió Elías Jaua Milano, como Vicepresidente Ejecutivo de la República, a Cilia Flores hablaba de “textos” y “contextos”, pero los “contextos” fueron suprimidos en la versión final. Aquí se nota que las críticas y las observaciones de los académicos del país las escucharon los parlamentarios y optaron por cerrarle cabida a la imprecisión-implícita que daba espacio a vagas y amplias interpretaciones por parte de quienes aplicasen la Ley. La versión definitiva del artículo 6 en la “nueva” Ley quedó igual a la del año 2005. Aquí la observación pertinente sigue estando sobre los: Textos, imágenes, sonidos o descripciones gráficas de violencia dramatizada o sus consecuencias de forma no explícita de los tipos de violencia “C”, “D” y “E” descritos en su conjunto y con su clasificación por resultar vago e impreciso. Esto permite una interpretación arbitraria y/o discrecional de los funcionarios. Este estándar, no solamente es de imposible control judicial por la subjetividad de la que parte sino que es contrario al texto de la Constitución. Las leyes deben ser inequívocas, redactadas estrictamente y con precisión para permitir que los individuos prevean si una acción en particular fuere ilícita.

Artículo 7, Propuesta y versión definitiva

Lo primero en aclarar es que el artículo 7 quedó sin modificación alguna. Ahora bien, la propuesta de la Vicepresidencia de la República que muchos conocimos y que aún se puede leer en Internet[v] cerraba espacios importantes para el libre debate público de las ideas políticas del pueblo de Venezuela, que en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios (…) ha luchado por establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia (…)  que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones (…), preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La extensión del horario protegido que pretendía aumentar desde las 7.pm hasta las 9.pm era demasiado amplia y hubiese limitado la posibilidad de modelos de programación especializada como el informativo e incluso lucía contradictorio con el condicionante de oportuna establecido en el artículo 3 de la propia Ley. Los sucesos de componentes violentos, no se hubiesen podido informar en el horario para todo usuario, por ser contrarios a las definiciones establecidas en el artículo 6. Tal propuesta de restricción horaria establecida por periodos amplios constituía una restricción que limitaba el debate público y que tendría efectos inhibitorios entre comunicadores y medios, para expresiones política que muchas veces están llenos de intemperancia verbal y hasta descalificaciones e insultos. Siendo la expresión política una de las que goza de amplia protección en los instrumentos y jurisprudencia en procura de un mayor escrutinio público de los funcionarios y de la importancia del debate acerca de los asuntos públicos en las sociedades democráticas. Al ampliarse el bloque de horarios todo usuario y limitar el supervisado y adulto, se hubiesen limitado las opciones para los adultos. Un ejemplo de la limitación es que algunos sucesos noticiosos con contenidos prohibidos en el bloque todo usuario solo se hubiesen podido transmitir después de las 9.pm o medianoche. Las noticias de hechos violentos solo hubiesen podido ser transmitidos después de medianoche lo que limitaba la cobertura de sucesos noticiosos de importancia nacional, como podría ser manifestaciones, agresiones, entro otras noticias que podrían implicar imágenes violentas.

Artículos 8 y 9 Publicidad y propaganda con sus prohibiciones

Ambos artículos quedaron absolutamente igual al 2005. Aquí el salto atrás fue evidente. Entre otros motivos por haber incluido el numeral 6 con la propuesta que prohibía los mensajes destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos. Aquello, de haber salido aprobado, reduciría el escrutinio público del ejercicio del poder y las expresiones políticas que gozan de especial protección en el conjunto del derecho internacional de los Derechos Humanos. La otra expresión que contenía el literal 9 (buenas costumbres), también desapareció, porque desató una gran molestia entre los críticos a la reforma de la Ley. Después de tanto debate, gracias a los medios independientes del país, la Ley sigue igual al 2005. El tiempo total para la difusión de publicidad y propaganda no puede exceder de quince minutos por cada 60 minutos de difusión. Tiempo que puede ser dividido hasta un máximo de 5 fracciones (…) salvo cuando se adopte el patrón de interrupciones del servicio de radio o televisión de origen, en las retransmisiones en vivo y directo de programas extranjeros o cuando se trate de interrupciones de eventos deportivos o espectáculos de estructura similar que por su naturaleza y duración reglamentaria requieran un patrón de interrupción distinto (…) La publicidad por inserción sigue realizándose en vivo y directo de los eventos deportivos y los espectáculos. Y el tiempo total para la difusión de infocomerciales no puede exceder el diez por ciento del total de la programación diaria, y no deberá ser interrumpida para difundir otra publicidad (…) Artículo 8).

En lo que respecta al Artículo 9, que sí trata propiamente de las Restricciones a la Publicidad y Propaganda, se conservan las mismas pautas de la Ley anterior, siendo las más comunes: cigarrillos y derivados del tabaco; bebidas alcohólicas; sustancias estupefacientes o psicotrópicas prohibidas; servicios profesionales prestados por personas que no poseen cualificación apropiada; juegos de envite y azar que denigren del trabajo como hecho social y proceso; Armas, explosivos o similares, otros. La aclaratoria ineludible que tenía que haberse realizado, en esta nueva Ley del 2010, era sobre la diferenciación existente entre “publicidad” y “propaganda”. Por ejemplo, el artículo dice que no está permitida la publicidad por emplazamiento, salvo en los eventos deportivos, siempre que no se trate de los productos y servicios contemplados en los numerales del 1 al 8, o con la intención de defraudar la ley (…). Y más adelante introduce la propaganda anónima, la propaganda por emplazamiento y la propaganda por inserción (…) como si se tratase de campos similares. Por otra parte, la publicidad aparece bastante bien definida y reglamentada, mientras que la propaganda apenas se menciona en articulado de la Ley. Esto le posibilita al Gobierno un amplio campo de acción ideologizadora y propagandística a favor de su partido-político mediante la utilización del espectro radioeléctrico venezolano, gracias a las modalidades de acceso del Estado a espacios gratuitos y obligatorios del artículo diez. Según el cual, el Estado puede difundir gratuitamente sus mensajes a través de los servicios de radio y televisión. Además, (…) los prestadores de servicios de radio o televisión y difusión por suscripción no podrán interferir los mensajes y alocuciones del Estado que difundan de conformidad con este artículo, y están obligados a (…) conservar la misma calidad y aspecto de la imagen y sonido que posean originalmente (Articulo 10). Lo grave es que tal abuso contraviene el Artículo 145 de Constitución porque los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna.

Directorio de responsabilidad social

Se eliminó la figura del Consejo de Responsabilidad Social (artículo 20 de la Ley de 2005) dado que nunca se creó, lo que lo hace inaplicable, pero se mantiene la de Directorio de Responsabilidad Social, Artículo 20, Ley 2010. Órgano que esta integrado por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien lo presidirá, y un representante por del ministerio con competencia en comunicación e información, el ministerio de la cultura, el ministerio de educación y deporte, el organismo con competencia en materia de protección al consumidor y al usuario, el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente y un representante por las iglesias, dos representantes de las organizaciones de los usuarios y usuarias inscritas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y un docente en representación de las escuelas de comunicación social de las universidades nacionales, entre otros. Directorio que tiene plenas competencias en materia de discusión y aprobación de las normas técnicas derivadas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; establecimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar de conformidad con la misma; la discusión y aprobación de las recomendaciones que se deban proponer a la persona titular del órgano de adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto a la revocatoria de habilitaciones o no renovación de las concesiones; así como la aprobación y erogación de recursos del Fondo de Responsabilidad Social.

Cambio de la contribución parafiscal. El artículo 24, sigue igual, pero con un pequeño inciso muy importante que precisa lo siguiente (…) los prestadores de servicios, de radio y televisión, ya sean personas jurídicas o naturales, sociedades accidentales, irregulares o de hecho, con prescindencia de su domicilio o nacionalidad, pagarán una contribución parafiscal por la difusión de imágenes o sonidos realizadas dentro del territorio nacional (…) la base imponible de la misma, estará constituida por los ingresos brutos causados trimestralmente y provenientes de la respectiva actividad gravada, a la que se le aplicará una alícuota de cálculo de dos por ciento (…) y todo lo demás se mantiene como antes. La actual Ley contempla una alícuota de cálculo de cuatro (4)  por ciento a lo que anteriormente era de dos (2) por ciento.

El acicate del Estado en la nueva Ley

Incorpora el Artículo 27 para especificar las prohibiciones, donde para la radio, la televisión y los medios electrónicos, no está permitida la difusión de los mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia; inciten o promuevan y/o hagan apología al delito; constituyan propaganda de guerra; fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público; desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas; induzcan al homicidio; inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Artículo que exige a los proveedores de medios electrónicos la creación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el mismo, al tiempo que los responsabiliza por la información y contenidos prohibidos ya mencionados. Las multas van desde 50 hasta 200 Unidades Tributarias y quines no atiendan las solicitudes de los órganos competentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, serán sancionados con multas de hasta un 4% de los ingresos brutos generados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción. Y en el Artículo 28 se sanciona al prestador de servicios de radio, televisión, difusión por suscripción, proveedor de servicio de Internet, en los casos que le sea aplicable, con multa de 1% a 2% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción.

Los Artículos 27 y 29 prohíben la difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio, intolerancia o el delito, constituyan propaganda de guerra y fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, ya previsto en la ley original; pero además se prohíben mensajes que “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”. Todo proveedor que incurra en estos mensajes deberá restringirlos cuando sea solicitado por CONATEL y serán responsables de su emisión cuando los hayan originado, modificado sus datos, seleccionado los destinatarios o no hayan limitado el acceso de la población a la información y contenidos de los mismos. Si bien estas consideraciones ya están incluidas en los instrumentos internacionales su aplicación requiere que se cumplan algunos requisitos que no alcanza esta ley. Todos y cada uno de los tipos de delitos señalados deben ser desarrollados y explicitados de tal modo que no haya lugar a interpretaciones ambiguas y que puedan ser revisados por jueces imparciales, mediante procesos que permitan validar la restricción en cada caso.[vi]

Es ampliamente aceptado el principio de interpretación en el sentido que debe imperar una presunción en favor de la libertad de expresión y de que las restricciones deben interpretarse, a su vez, restrictivamente y de acuerdo a las exigencias de una sociedad democrática.[vii] La aplicación del artículo 29, sin un desarrollo que explicite de modo expreso el contenido de la regulación referida a los aspectos señalados y con el carácter que tiene el organismo sancionador, que es dependiente casi exclusivamente del ejecutivo nacional, implica un amplio poder discrecional que no advierte a los ciudadanos las implicaciones de determinados actos o expresiones, que al no estar definidas previamente responderían al libre albedrío de los funcionarios responsables de sancionar.

En el Artículo 33, CONATEL podrá aplicar medidas cautelares y a través de ellas ordenar la suspensión de los mensajes. El incumplimiento o inobservancia de estas medidas ocasionaría la revocatoria de la habilitación administrativa y la concesión. La fase de promoción y evacuación de pruebas en los procedimientos administrativos sancionatorios, Artículo 32, ahora tendrá lapsos entre 10 y 15 días hábiles. Las medidas cautelares dispuestas en el Artículo 33 -que establecen censura previa por vía administrativa, aun cuando la Constitución la prohíbe- extienden la veda (abstención de difusión) a medios electrónicos, léase, servicios de Internet. Por si fuera poco, se instituye la figura del desacato a las resoluciones de CONATEL, falta que acarrea la expedita revocación de las licencias otorgadas al prestador de servicios. Como dispositivo final el Artículo 35 extiende a 30 días hábiles el lapso de la prórroga para la fase de evacuación de pruebas en un procedimiento administrativo sancionatorio, como paso previo a dictar la decisión que habrá de tomar el Directorio de Responsabilidad Social, órgano de control según la Ley. La persona sancionada deberá ejecutar voluntariamente la sanción acordada.

Conclusión

Estamos ante una Ley repleta de prohibiciones, sanciones, suspensiones y amenazas de revocatoria de las concesiones legales. Una Ley viciada, en buena parte de su redacción, con vaguedades e imprecisiones que facilitan la arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicarla. Por otra parte, cualquiera puede ser sancionado dada la generalidad de los tipos señalados. Sanciones agravadas que alimentan la inhibición y la autocensura. Se aplican multas del 10 % de los ingresos brutos de año anterior y/o suspensión del servicio por 72 horas continuas. Se aplican sanciones a los contenidos aunque ya existen penas en el código penal para los mismos delitos, por ejemplo, en el caso de las ofensas a funcionarios. Una Ley orientada a la protección de los funcionarios y no contempla ninguna protección en el caso que los ciudadanos sean denigrados en los medios de comunicación por funcionarios públicos. Aparece con prohibiciones que exceden las que ya existen legítimamente admitidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y la obligación para los proveedores de servicio de Internet en tener que desarrollar mecanismos de censura previa es imposible técnicamente: restringe algunos contenidos, se aplica de modo indiscriminado y si un grupo en alguna red social resultara sancionado se aplican las mismas prohibiciones al conjunto del sitio Web que la aloja. Ley que desnuda a un Gobierno que no entiende que en Internet (medios electrónicos) existe la llamada híperdemocracia de la Web, pues estamos ante la nueva lógica del continente digital que el poder totalitarista rechaza.

Referencias bibliográficas

BISBAL, M.(2006). El estado-comunicador y su especificidad: diagnóstico inacabado y estrategias. En: Revista Comunicación, Nº 134.

BOLÍVAR A., (2007). Análisis del discurso, UCV y El Nacional.

* Periodista. Investigador de la UCAB y del Centro Gumilla. Miembro de los Equipos de Redacción de las Revistas Sic y Comunicación.


[iv] Díaz Luis Carlos, 5 preguntas sobre la Ley Resorte para Internet, en: http://www.periodismodepaz.org/index.php/2010/12/12/5-preguntas-sobre-la-ley-resorte-para-internet/ (12-12-2010).

[vi] Cfr. Principio 1º de la Declaración de principios de Johannesburgo sobre la Libertad de Expresión, Estados de Excepción y acceso a la Información. Pero en este caso debe hacerse de tal modo que: “cuando se exige que la restricción esté “prevista por la ley” se apunta a que dicha Ley sea adecuadamente accesible, esto es que el ciudadano debe poder tener una indicación adecuada en las circunstancias de las normas legales aplicables a un caso dado, y, en segundo lugar, a que ella sea formulada con la suficiente precisión como para permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo prever las consecuencias que pueden surgir de una determinada conducta.” Pinto, Mónica. Libertad de expresión y derecho a la información como derechos humanos. Serie.: Estudios Básicos de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, IIDH, 2000. Pág. 38.

[vii] Cfr. HRW. Informe sobre Libertad de Expresión en Chile, 1998.

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